¿Qué hacemos?

Llevaba semanas sin comentar a cerca de las diferentes situaciones trágicas que ocurren en nuestro país, a lo mejor he estado callado, pero no desconozco las atrocidades que el legislativo sigue haciendo en compinche con el ejecutivo, para asegurar la victoria en el 2022.

Empecemos, el dichoso código electoral que era impulsado por el registrador Alexander Vega en compañía con la procuraduría aprobado por las mayorías en congreso y que ahora recae en la decisión de la Corte Constitucional sobre sí lo avala o deroga por inconstitucional, que a propósito se ha demorado su pronunciamiento y las elecciones en menos de un año.

La Ley de Garantías es una normativa que busca garantizar la igualdad de condiciones en los procesos electorales del país, debe promover el ejercicio transparente del erario y establece restricciones y prohibiciones que deben ser acatadas por las entidades públicas. Hace poco las mayorías en el congreso -afines al gobierno- decidieron arbitrariamente modificar esta, a través de un acto abiertamente inconstitucional -Porque remplaza con una ley orgánica una ley estatutaria- lo más probable es que la Corte le toque pronunciarse respecto al tema y lo tumben -como pasó con la cadena perpetua- para que así, los malos del paseo terminen siendo los magistrados, por arreglar el desorden que hace el congreso por tener al ejecutivo contento.

El nefasto gobierno de Iván Duque tiene que hacer un último favor antes de finalizar su mandato, garantizar que su partido siga en el poder en el 2022, sea directa o indirectamente. De no pronunciarse la Corte sobre la ley de garantías, estaríamos enfrentando la mayor compra de votos en unas elecciones.

Con el panorama como está es complejo unas elecciones transparentes, los órganos de control están tomados, pues en un país decente donde el ejecutivo no tiene porqué intervenir en asuntos electorales, señalar a un candidato a la presidencia como lo hizo el ministro del interior a Gustavo Petro en días pasados, sería acto justo para que la procuraduría abriera un proceso por intervención en temas fuera de sus facultades, pero me temo que esto solo se quedará en causales y no en un proceso formal.

Un congreso que está apunto de finalizar su legislatura va contra viento y marea para garantizar el poder de quienes lo tienen hace tantos años, todos parecen trabajar conjuntamente por un lado el legislativo saca leyes a su antojo e ignora validez jurídica, el judicial no se pronuncia sobre temas que requiere urgencia debido el momento y el ejecutivo ya sabemos que no hay con quien contar ahí. Estamos solos.

¿Qué hacemos?

Sebastián Marín