El riesgo es inminente.

Hay quienes todavía dudan acerca de los tintes autoritarios de este gobierno. En una nueva semana de nuestra imperfecta democracia tenemos que el juzgado tercero administrativo de Bogotá había ordenado al presidente Iván Duque abstenerse de modificar la ley de garantías, esto hasta que la Corte Constitucional se pronunciará frente a la misma y sobre una demanda que recae en su jurisdicción que entraría a revisar si la modificación vulnera o no derechos fundamentales.

En un estado social de Derecho como el nuestro, las decisiones judiciales pueden apelarse por los diferentes mecanismos que la ley brinda pero nunca bajo ninguna circunstancia puede desacatarse un fallo judicial y pasárselo por alto, como si se tratara de un consejo de amigo y no de un fallo de un juez de la república. El señor presidente comete un error inmenso al sancionar la ley de presupuesto general que es la que modifica la ley de garantías y permitiría la contratación directa a tan solo meses de las elecciones parlamentarias sino que además podría enfrentarse a problemas judiciales. Si bien el derecho penal se aplica por acción u omisión, que el presidente sancione una ley cuando tiene de por medio un fallo judicial -y lo conoce- que le restringe sancionarla está incurriendo en prevaricato. Ya será la Corte Suprema de Justicia en su momento quien diga si tenemos razón o no, pero sin duda alguna esto significa un riesgo inminente para nuestra democracia, pues a menos de un año de elecciones la élite burguesa busca como perpetuarse en el poder otros cuatro años.

A esto agreguémosle las horrorosas declaraciones del señor Alexander Vega registrador nacional hace unos días en una entrevista, cuando afirmó sin pudor alguno que quienes no confíen en el sistema electoral no deberían postularse a la campaña, una total falta de respeto a la oposición. Lo curioso es que todas estas acciones autoritarias y que violan abiertamente el estado social de Derecho vienen de personas que tienen la vergüenza de opinar y señalar como si tuviesen alguna autoridad acerca de los procesos electorales en otros países, como pasa en Nicaragua, quien según Duque dice abiertamente son unas elecciones ilegitimas, ignorando la votación libre de más de dos millones de nicaragüenses y rechazando la victoria popular sandinista.

Otra particularidad, es que pocos de la comunidad internacional han mostrado su preocupación por los tintes autoritarios de este gobierno. Solo hasta abril del 2020 la comisión europea ya alertaba de la concentración de poder en el gobierno de Iván Duque, pero poco dicen acerca de los micos que han subido al congreso y han prosperado ya como ley, como la de extra facultar funciones a la procuraduría violando también el estado de derecho y los tratados internacionales los cuales como país firmante tenemos la obligación de cumplir. La comunidad internacional ha sido irresponsable y muy permisiva al no tomar una postura pronto frente a las actuaciones del actual gobierno pero no sorprende de una comunidad cuyas relaciones están ligadas al discurso que desde occidente se imparte y no a la soberanía popular y libre de los pueblos.

Me temo que podría quedarme describiendo las miles de decisiones que ha tomado el gobierno que fracturan profundamente la democracia, sin embargo tenemos un deber como constituyentes primarios de resurgir esta nación como estado fuerte y soberano, incluyente y que de oportunidades para todos. Duque solo está haciendo unos últimos ajustes antes que inicie el cronometro fin de la carrera electoral y saber, que sin ley de garantías y demás mecanismos hechos justamente para la trasparencia, el riesgo de fraude es inminente.

Sebastián Marín

@jsebastianmarr